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¿Lo que sea?

Si la junta a cargo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico certifica un plan a cinco años que busque tener un primer presupuesto equilibrado para cuando termine el año fiscal 2022- 2023, la isla estaría sujeta a la autoridad fiscal impuesta por el Congreso por lo menos hasta el verano de 2026.

La ley Promesa exige cuatro presupuestos balanceados consecutivos y el regreso a mediano y largo plazo a los mercados financieros, para poder dejar sin efecto la autoridad de la llamada Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las decisiones financieras públicas de la isla.

Si el primer presupuesto equilibrado se consigue en junio de 2023, habría que lograr otros tres de forma consecutiva para aspirar a eliminar la junta. Pero, si en algún momento entre el 2023 y el 2026 se falla en lograr un presupuesto balanceado, hay que volver a empezar.

Esto significa que en el mejor escenario de la ley Promesa y el plan fiscal propuesto, no se elegirá en Puerto Rico un gobernador que no esté obligado por la junta hasta 2028.

Las implicaciones para el debate de status están muy claras, pues no puede haber un país independiente o un estado 51 de EE.UU. con una junta fiscal impuesta por el gobierno estadounidense.

Bajo ese contexto es que el gobierno de Puerto Rico y la JSF van camino a un callejón en el que la única salida puede ser la sala de la jueza Laura Taylor Swain, nombrada para presidir el nuevo tribunal de bancarrota  territorial creado por la ley Promesa.

El gobernador Ricardo Rosselló, después abrir la puerta a este debate, ha rechazado que con el nuevo plan fiscal la JSF pueda – por encima del gobierno electo-, reducir los días de vacaciones y con cargo a la licencia por enfermedad, eliminar el bono de Navidad e implantar  un recorte de 10% en el cheque de retiro de los empleados públicos.

Mientras, el Senado de Puerto Rico acaba de aprobar por unanimidad una resolución del independentista Juan Dalmau que ordenaría al gobernador dejar de desembolsar fondos para el presupuesto de la JSF, que este año fiscal que termina en junio alcanza los $60 millones. La legislación tendría que ser aprobada aún por la Cámara de Representantes, si es que los representantes del PNP, como los senadores, quieren presionar al gobernador Rosselló.

Hasta el momento, el gobernador Rosselló ha preferido centrarse en cuestionar públicamente que la JSF tenga el poder para imponer reformas laborales y reducir las pensiones de los jubilados del gobierno. Esa es un área gris en la ley, aunque La Fortaleza y la JSF piensan que es una batalla que pueden ganar en el tribunal.

Cuando la ley Promesa se aprobó, muchos pensaron que la autoridad de la JSF iba a ser casi absoluta en todo asunto que pudieran relacionar con la crisis fiscal y de deuda pública.

Pero, el fallido de nombramiento de Noel Zamot como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) demostró que no es pleno el poder fiscal de la JSF, aunque en junio de 2017 haya legislado el presupuesto vigente. No puede concluirse que el caso de Zamot haya sido el momento ‘Diego Salcedo’ de este debate, pero la negativa de la jueza Taylor Swain a aceptar que la JSF pudiera designar un síndico en la AEE por encima del gobierno de Puerto Rico da esperanzas a La Fortaleza.

La JSF ha dejado claro que considera que tiene la autoridad para imponer en un plan fiscal reformas laborales y recortes a las pensiones. El congresista republicano Rob Bishop (Utah)- quien como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. supervisó la aprobación de la ley Promesa y en cuya comisión se redactó el estatuto-, coincide con la JSF.

Este mismo mes, la JSF debe certificar el plan fiscal. Si el gobernador se niega a implantar medidas ordenadas por la JSF, se presume que la junta irá al tribunal.

¿Estará el gobernador – quien ha dicho que está dispuesto a hacer “lo que sea” para evitar que la JSF imponga reformas estructurales que vayan en contra de su política pública-, dispuesto a desacatar una orden judicial?

La resolución del Senado, en teoría, propone adelantar la pugna. Contrario al debate sobre el plan fiscal, sin embargo, la ley Promesa es clara en ordenar al gobierno de Puerto Rico financiar el presupuesto de la JSF. Negarse a financiar la junta supondría, en ese sentido, un claro enfrentamiento con el Congreso.

La ley Promesa, además de crear la nueva capa de autoridad sobre el gobierno electo de la Isla y profundizar el coloniaje, reglamenta el proceso de reestructuración de gran parte de la deuda de $70,000 millones que tiene el gobierno de Puerto Rico.  La impugnación del proceso de reestructuración, sin embargo, la encabezan los bonistas, no el gobierno de Puerto Rico.

En este momento no hay ambiente ni consenso alguno en el Congreso para revisar la ley Promesa. Y el gobierno de Ricardo Rosselló no ha mostrado interés en impugnar el estatuto. Se ha limitado, debe entenderse, solo a cuestionar que la junta se abrogue poderes que consideran no le otorga Promesa.

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