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La recepción al plebiscito

 

En las últimas décadas, nunca la recepción había sido tan adversa en los medios de comunicación de Estados Unidos a una propuesta referente al futuro político de Puerto Rico.

Los factores están escritos en la pared, y son destacados en los reportajes.

La crisis fiscal. La baja participación electoral, en medio de un boicot decretado por toda la oposición política de la Isla.

Y, un reconocimiento de que es más cuesta arriba que nunca promover un cambio de status después de que en medio de la crisis fiscal el Congreso decidió, hace un año, imponer una junta que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico y establecer un nuevo sistema de bancarrota judicial que solo puede existir bajo la condición colonial/territorial vigente.

Son elementos que no deben sorprender a nadie, ni siquiera a los defensores del plebiscito, que al promover los resultados de la consulta del 11 de junio, han tenido una mala semana en los medios estadounidenses.

Cerca de 502,000 creyentes en la idea de que Puerto Rico debe ser el estado 51 de EEUU salieron a votar el pasado domingo, lo que representó el 97% del electorado. Pero, no solo fue el total de votos más bajos para la estadidad en un cuarto de siglo, sino que se trató del porcentaje de participación más bajo en un referéndum de status en la Isla (23%).

“El plebiscito de Puerto Rico hacia ningún sitio”, tituló la revista The Atlantic, el artículo con el que buscó poner en perspectiva el referéndum de hace una semana.

Politico, por su parte, indico que “casi no hay posibilidad de que el Congreso apruebe legislación que otorgue la estadidad al Estado Libre Asociado, que el mes pasado solicitó lo que representa la bancarrota municipal más grande en la historia de Estados Unidos en medio de una recesión que ha durado 10 años”.

Tanto The Miami Herald como el Sun Sentinel, en el estado de EEUU en donde más viven puertorriqueños, editorializaron para acentuar que la baja participación electoral no permite llegar a conclusiones sobre el respaldo que tiene la idea de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EEUU.

“El referéndum fue más un triunfo de la apatía electoral que de la estadidad. Solo el 23% de los electores fue a las urnas para un asunto de tanto significado”, indicó The Miami Herald.

Al referirle el asunto al Congreso, sin hablar de los compromisos del programa de gobierno republicano con la admisión de Puerto Rico como estado, la Casa Blanca expresó el lunes que los legisladores federales debían atender el tema. Eso complació a muchos estadistas, aunque debe haber decepcionado a los que querían un respaldo directo a la estadidad de parte del presidente de EEUU.

En los pasillos del Congreso, la recepción inicial tampoco ha sido alentadora para el movimiento estadista.

El gobierno del PNP tiene el reto de  salir del círculo de respaldo a la estadidad que ha tenido en el Congreso en los últimos años.

En los días previos al plebiscito, 10 miembros del Congreso, incluido el senador republicano Marco Rubio (Florida), apoyaron la consulta.

De esos, cinco han expresado su respaldo a la estadidad después del plebiscito: los republicanos Don Young (Alaska) y Sean Duffy (Wisconsin), y los demócratas Steny Hoyer (Maryland, portavoz adjunto de la minoría); Darren Soto (Florida); y Stephanie Murphy (Florida).

Hoyer y Young, los más veteranos en las lides a favor de que Puerto Rico sea el estado 51 de EEUU, hablaron el jueves en el hemiciclo de la Cámara baja federal en favor de la estadidad.

Unos meses atrás, Young decía – como tantos otros en el Congreso-, que “no había manera” que el gobierno federal echara hacia delante una propuesta de estadidad en medio de la grave crisis fiscal y de deuda pública a la que se enfrenta la Isla. Pero, ahora dice que los resultados del plebiscito le hicieron cambiar de idea.

“Estoy cansado de que no se haga nada…y no estoy preocupado por nadie más”,dijo Young.

Entre los seis legisladores federales que han salido a respaldar la estadidad después del plebiscito, solo Joaquín Castro (Texas) es una cara nueva. Castro dio su apoyo a la estadidad por Twitter el mismo día en que se anunciaban los resultados de la consulta.

Uno al que algunos en el PNP esperaban se decantara por la estadidad tras el plebiscito, pero no lo hizo, fue el congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York), quien prefirió acentuar que los resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017 le hacen claro que Puerto Rico quiere cambiar su actual status.

Hay que tomar en cuenta que junto al entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, el congresista Serrano fue el promotor del lenguaje de la ley federal de 2014 que permite – todavía está disponible-, celebrar un referéndum de status en Puerto Rico en el que el Secretario de Justicia de EEUU pueda determinar si las alternativas a incluirse en la papeleta electoral cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Por razones que la oposición dice que están vinculadas a las malas noticias sobre la situación fiscal que salen a relucir después de iniciar el proceso para obtener el visto bueno del Departamento de Justicia federal, el gobernador Rosselló decidió no aplazar el plebiscito como le solicitó la oficina del secretario Jeff Sessions, si quería que completaran el análisis sobre la consulta. Serrano dio una fuerte batalla entre 2013 y 2014 en el Comité de Asignaciones por vincular un referéndum en la Isla con la ley federal.

La primera baja de la decisión del gobernador de no esperar por Justicia federal fue el proyecto 260 de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, que promovía convertir a Puerto Rico de cara a enero de 2025 en el estado 51 y  se fundamentaba en una consulta vinculada al estatuto federal de 2014.

A pesar de que han empinado más la cuesta, el gobierno del PNP confía en que una nueva legislación de la comisionada González para “encaminar la transición hacia la estadidad”, logre respaldo en el Congreso. Para el gobernador Ricardo Rosselló se trata de un asunto de derechos civiles, aunque una y otra vez el gobierno federal lo ha definido como un asunto puramente político.

Durante la pasada sesión, el proyecto proyecto 727 del entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi – que buscaba atar un referéndum estadidad sí o no con un proceso de admisión de Puerto Rico como estado 51-, tuvo 110 coauspiciadores, 14 de ellos republicanos como Young, Ileana Ros Lehtinen (Florida), Raúl Labrador (Idaho), Mario Díaz Balart (Florida), Andy Harris (Maryland), Carlos Curbelo (Florida) y Elise Stefanik (Nueva York) por mencionar a algunos que ahora son potenciales coautores de la medida que presente la comisionada González.

Esta vez, para poder aprobar su proyecto, la comisionada González tendrá que pulsear con el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales, encabezada por el congresista Rob Bishop (Utah). Por lo que se conoce hasta ahora, tendrá que pulsear con fuerza.

El congresista Bishop ha indicado que antes de agosto, lo que tiene en agenda en torno a Puerto Rico es otra audiencia sobre la crisis fiscal. Y si se quiere una muestra de que es lo que verdaderamente le interesa en estos momentos, puede leer con atención la carta que el congresista Bishop le envió a la Junta de Supervisión Fiscal a favor de que se acepte el acuerdo de apoyo a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ese es el mismo tema que Bishop trajo a relucir en una reunión el pasado miércoles con representantes de la Coalición del Sector Privado y del que hablan sus asesores por los pasillos del Capitolio.

Doug LaMalfa, presidente del Subcomité de Asuntos Insulares, que es parte de la Comisión de Recursos Naturales, ha indicado, por su parte, que tras la baja participación electoral, lo preferible es atender la crisis fiscal.

Mientras, Raúl Grijalva, portavoz demócrata en el Comité de Recursos Naturales y elegido por Arizona, fue aún más categórico. “Con una participación de solo 23%, y los otros dos partidos boicoteando, queda la duda de si ese es el deseo fundamental del pueblo puertorriqueño. Lo que necesitamos es conocer lo que está ocurriendo con la ley PROMESA, cómo va a contribuir el gobierno federal a estimular la economía, fondos de Medicaid y Medicare, e invertir en infraestructura. Si hubiera cantado más claro el gallo, las cosas serían diferente”, indicó Grijalva a El Nuevo Día.

Sin la minoría de su lado, difícilmente la comisionada González  -quien hace caucus con los republicanos-, pueda lograr aprobar un proyecto en el Comité de Recursos Naturales,  pues son los demócratas los que suelen aportar la mayoría de los votos cuando se trata de legislación relacionada al status político de Puerto Rico.

A los congresistas como Grijalva que no ven en el plebiscito un mandato a favor de la estadidad, les cuestionan en las redes sociales sus porcentajes de victoria en elecciones legislativas.

Pero, es casi una broma equiparar la elección de un legislador federal que tiene que ir a la reelección cada dos o seis años, con la decisión del Congreso de admitir o no a Puerto Rico como estado 51. Desde el punto de vista de EEUU, la admisión de un estado es una decisión para toda la vida.

 

¿Y ahora qué?

La comisionada González dijo antes del plebiscito que prevé una audiencia pública del Comité de Recursos Naturales sobre la consulta a más tardar en septiembre.

Desde el Senado, el Comité de Energía y Recursos Naturales, que examinó los resultados del plebiscito de 2012 en una audiencia en agosto del 2013 y luego engavetó el tema, no se ha dicho absolutamente nada sobre el plebiscito de hace una semana.

En su paso por Washington el jueves, donde estuvo con Young y Soto en una conferencia de prensa, la única reunión formal del gobernador Rosselló en el Congreso fue con la portavoz de la minoría demócrata en el Comité de Energía y Recursos Naturales, Maria Cantwell (Washington).

Ni Rosselló ni Cantwell han dado detalles de lo discutido. Ese día, Rosselló dijo confiar en que su negativa a esperar conocer si era posible vincular la ley federal con el plebiscito criollo, no será utilizada en su contra como una nueva razón del Congreso para negarse a actuar.

Todo es posible, dicen por ahí. Quizá el gobierno del PNP pueda encontrar algún nuevo lenguaje sobre el status político de Puerto Rico que motive al Congreso a actuar. Quizá haya una verdadera intención del gobierno de Puerto Rico de desafiar a Washington en este asunto.

Pero, lo probable es que la respuesta del Congreso sea la misma que el gobierno federal dio en 2014 después del plebiscito de 2012: tienen que intentarlo de nuevo.

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