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El Paro ilustra la importancia del acceso a la justicia

En el paro general arrestaron a varios manifestantes. A todos les aplica la presunción de inocencia. Muchos tendrán la dicha de abogados pro bono que le rendirán servicios. Otros lanzaron campañas digitales para recaudar dinero que les permita sufragar costos legales.

Algunos de estos serán hallados inocentes—en el fog of war de un paro, la Policía puede cometer errores y arrestar a algunas personas equivocadas. Ahí radica gran parte de la importancia del acceso a la justicia.

En marzo preparé con la profesora Deborah Rhode un análisis del problema y varias propuestas para atenderlo que la profesora presentó en el Simposio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que sirven de base para este escrito.

El problema del acceso a la justicia en Puerto Rico es alarmante. Se estima que en el 75% de los casos ante los tribunales, una de las partes carece representación legal.

Aunque el tema ha sido prioridad desde los tiempos de España, como resaltó el profesor Efrén Rivera en su ponencia, el esfuerzo más reciente para atender el problema empezó el 2003 cuando la Rama Judicial designó una Comisión para el Acceso a la Justicia. Algunas de las propuestas que propuso dicha Comisión se han implantado, como la adopción de un sistema de radicación electrónica y la expansión de servicios tecnológicos.

No obstante, hay propuestas de la Comisión que todavía están en proceso de implantarse. Una de ellas, la creación de un Fondo para el Acceso a la Justicia, fue aprobada en el 2013 mediante legislación del senador Ramón Luis Nieves y todavía no está completamente operacional.

Varias organizaciones de servicios legales se beneficiarían de este fondo, ya que actualmente no pueden atender a toda la población necesitada. Este problema podría empeorar pronto, ya que la organización más grande, Servicios Legales de Puerto Rico, depende de fondos federales que el presupuesto que propone Donald Trump eliminaría.

Afortunadamente, estas organizaciones están invirtiendo recursos en tecnología que permiten llegar a más personas con menos recursos, como ayudalegalpr.com de Ariadna Godreau. Estiman que 200,000 personas han visitado esta página interactiva que suple material informativo para facilitar el acceso a la justicia.

Los ciudadanos también están aprovechando los recursos digitales. Una abogada del Comité de Acción Legal publicó una anécdota conmovedora de su ayuda legal durante el paro en Facebook ilustra la importancia del acceso a la justicia y cultiva solidaridad con la causa. Como ella, varios abogados pro bono anunciaron sus servicios durante el paro en las redes sociales. Y dos personas arrestadas en el paro lanzaron una campaña en línea para recaudar dinero para pagar la fianza y la vista preliminar.

Aunque son pasos en la dirección correcta del uso del internet, no podemos parar ahí. Consideremos proveer métodos alternos de resolución de disputas para ciertos casos digitalmente. En Australia, por ejemplo, existe un programa llamado Family Winner que permite divorciarse online. Los casos de familia son 45% de los casos que trabaja Servicios Legales de Puerto Rico. Tecnología como esta podría aliviar su carga.

El uso de la tecnología también ayudaría a la clase media, que sufre la desventaja de tener demasiado para recibir ayuda legal gratis y de tener muy poco para sufragar su propia ayuda legal.

Estas personas muchas veces optan por representarse por derecho propio. Pero las reglas obstaculizan el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, no permiten contratar un abogado para que maneje solo partes del caso. Podríamos cambiar las reglas para permitir que los abogados provean ayuda limitada, como ha sugerido Federico Hernández Denton.

También debemos mejorar nuestra cultura pro bono. Imponer cuotas a los abogados, acreditar horas al requisito de educación jurídica continua, o permitir que donen a organizaciones pro bono si no tienen el deseo o el tiempo de cumplir con las cuotas son algunas medidas que debemos considerar.

Somos dichosos de tener un Tribunal Supremo que aprecia la importancia del acceso a la justicia. El juez asociado Luis Estrella publicó un libro sobre el tema. La jueza Anabelle Rodríguez participó del Simposio en la UPR. El juez asociado Ángel Colón colaboró como asesor legal del Gobernador durante la aprobación del fondo para el acceso a la justicia. Y la Jueza Presidenta Maite Oronoz se ha reunido con la Comisión y el Gobernador para impulsar la causa.

Pero la responsabilidad principal recae sobre los abogados. Somos la octava jurisdicción en los Estados Unidos con más abogados per cápita. Posiblemente seamos la jurisdicción donde más personas necesitan ayuda legal. En tiempos de crisis, los derechos se ven afectados. La profesión legal está obligada a defenderlos. El acceso a la justicia es clave en ese esfuerzo. Estamos haciendo mucho, pero podemos hacer más.

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