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El virus de la violencia racista

Algunos miembros de la Policía de Puerto Rico, compuesta en su mayoría por agentes extraordinarios, están contagiados con el virus racista que padece la policía en los Estados Unidos.

Los afroamericanos son 13% de la población pero 31% de las víctimas que matan los policías—justificada o injustificadamente. La semana pasada, unos policías mataron a dos afroamericanos en Luisiana y Minnesota. Entre la comunidad afroamericana, predomina el miedo y la frustración. Y entre la mayoría buena de la policía, también. Un individuo mató a cinco policías durante una protesta contra el racismo en Dallas.

Puerto Rico sufre problemas similares de brutalidad policial que pasan desapercibidos, particularmente contra la comunidad dominicana. La American Civil Liberties Union halló que la Policía de Puerto Rico mató a 28 civiles entre 2007 y 2011, y concluyó que la mayoría fueron muertes injustificadas. Según el informe, los policías en Puerto Rico “persiguen de manera desproporcionada a las minorías raciales y pobres”. Asimismo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos halló que la Policía de Puerto Rico “tiene un historial de denuncias sobre el trato sistemático y discriminatorio de los dominicanos”.

Algunos policías se aprovechan de la incertidumbre y ansiedad que el estatus migratorio le impone a los dominicanos. Les piden sus papeles cuando no deben. A veces los sobornan a cambio de no llevarlos a inmigración. Imagínese temer que lo deporten por comerse un pare. Así.

Algunos policías detienen a los dominicanos meramente porque aparentan serlo. En un caso, el Tribunal Federal encontró que la Policía detuvo ilegalmente a dominicanos “exclusivamente por su apariencia” y asignó $600,000 en daños.

Peor aún, algunos policías insultan, disparan y golpean a los dominicanos por el mero hecho de ser dominicanos. Cuenta el informe de Justicia Federal que un policía insultó a un dominicano de nombre Santos Rosario, quien le respondió exigiendo respeto. Acto seguido, el policía le apuntó su arma y le pidió su identificación. Cuando Santos Rosario se alejaba, después del incidente, el agente le disparó dos veces en la pierna. Mientras agonizaba en el suelo, llegaron otros agentes y continuaron agrediéndolo.

Al menos tres miembros de la comunidad dominicana han muerto a manos de algunos miembros de la Policía en los pasados tres años. Según reportes periodísticos, ninguno de estos casos ha sido esclarecido. Y parece que nos hemos olvidado de ellos.

Uno es Agustín Javier Peguero. Su familia narra que tras ser baleado “caminó herido hacia su guagua y los agentes lo esposaron, dejándolo acostado sobre el pavimento, sin llevarlo a recibir asistencia médica”. No sabemos nada de la investigación desde noviembre de 2014. No olvidemos a Agustín.

Otro es Jorge Ortiz Jordán, un taxista que, según la viuda, salió a amarrar la perrita en el patio cuando se le acercó la Policía. Ella se asomó por la ventana y vio que le apuntaban con un arma. Tenía las manos arriba cuando le dispararon dos veces y lo mataron.

El Departamento de Justicia investiga a tres expolicías por la muerte del taxista. Estos tres expolicías fueron arrestados posteriormente por corrupción. Han pasado más de dos años desde la muerte del taxista y cinco meses desde las últimas expresiones del Departamento de Justicia de Puerto Rico. No olvidemos a Jorge.

El tercero es Epifanio Abreu, quien se enfrascó en una discusión, buscó un machete, y un policía le disparó en el estómago. Dos meses después, la compañera de la víctima denunciaba que el policía tenía .14% de alcohol en la sangre y exclamaba, “déjamelo, que a este lo mato yo”. No obstante, la compañera no había sido contactada por el investigador o el NIE. No hay noticias al respecto desde hace dos años. No olvidemos a Epifanio.

Estas víctimas no necesariamente son inocentes o discriminadas. Las acciones de la Policía no necesariamente son injustificadas. Pero no sabemos, y ese es parte del problema. Sí sabemos que algunos policías discriminan contra esta comunidad. Debemos saber si discriminan al punto que les imponen la pena de muerte sin el debido proceso de ley.

Hay progreso atendiendo el discrimen. La administración García Padilla ha tomado medidas para atajarlo. La representante Brenda López condujo una investigación en el 2010 que coincidió con la publicación del informe de Justicia Federal y la ACLU. El 1 de julio, los federales acusaron a cuatro policías por violación de derechos civiles.

Pero la comunidad siente que el Gobierno puede hacer más. Lamentan que la reforma policial los excluye, a pesar de que se han reunido con el monitor a cargo de prepararla. Incorporar sus reclamos sería un paso importante para resolver el problema de discrimen.

Un segundo paso sería que la Policía modifique los informes de incidentes para que registren el origen del sujeto, como recomendó Justicia Federal. Increíblemente, los informes permiten registrar si alguien es hawaiano o árabe, pero no dominicano. Este cambio permitiría cuantificar el discrimen y medir el progreso combatiéndolo.

Un tercer paso sería entrenar a la Policía para reducir el implicit bias: el prejuicio automático y subconsciente que sufrimos a base de los estereotipos que nos presenta la sociedad. También debe considerarse el monitoreo civil propuesto por la ACLU.

A solo horas de la muerte de Alton Sterling en Luisiana, más de 500 personas habían compartido el reportaje de Primera Hora en Facebook. Menos de 300 compartieron la última noticia sobre la muerte del taxista dominicano y los tres expolicías corruptos bajo investigación. Ambas son trágicas. Pero no miremos al Norte sin mirarnos al espejo primero.

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