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Propuesta descolonizadora para enfrentar la crisis fiscal y económica

Ante el hecho innegable de que la crisis fiscal y económica que sufre el País tiene su raíz en el problema de inferioridad política y en el colapso del modelo económico del ELA colonial y ante la indignante actitud de humillación por parte del gobierno de los Estados Unidos contra los puertorriqueños, la senadora y candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, presentó ayer, junto al alto liderato de la colectividad, una propuesta para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos cumplan con su obligación descolonizadora, y pongan fin al régimen colonial. Al tiempo que la Asamblea Legislativa pone en marcha sin dilación un proceso descolonizador que le permita al pueblo de Puerto Rico escoger entre las alternativas de Independencia, Estadidad y Libre Asociación (bajo ese o cualquier otro nombre, de conformidad con la Resolución 1541 (XV) de la ONU), luego de haberlas negociado y acordado entre Estados Unidos y el liderato político acreditado de Puerto Rico representativo de las tres alternativas, teniendo presente que solo la Independencia le corresponde a Puerto Rico como un derecho inalienable conforme a los derechos humanos y el derecho internacional.

La propuesta está contenida en la Resolución Concurrente del Senado Número 57, radicada por la senadora Santiago. Por su contundencia y claridad, comparto íntegramente su Exposición de Motivos:
“No puede posponerse más una expresión de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que constituya una respuesta a la causa política fundamental de la crisis que nos ahoga. Mientras más se agudiza la crisis económica y financiera, más urgente y apremiante resulta que levantemos nuestra voz colectiva para exigir a los Estados Unidos que cumplan con su obligación descolonizadora y para hacer valer lo que es ya una convicción mayoritaria en nuestro país: un proceso descolonizador como condición indispensable para poder enfrentar la crisis que padece Puerto Rico.
Esta Resolución Concurrente complementa y fortalece la iniciativa legislativa radicada por la proponente el 3 de septiembre del 2013 (Proyecto del Senado 719) y que está también ante la consideración de la Cámara de Representantes. En ese proyecto de ley se propone convocar una Asamblea de Estatus para escoger delegados por las diversas alternativas des colonizadoras que luego de deliberar serían los responsables de seleccionar los representantes y las propuestas de cada alternativa con la encomienda de negociar y acordar dichas alternativas con el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, con miras a una votación final por parte de nuestro pueblo que le ponga fin de una vez y por todas al colonialismo.
La magnitud de la crisis en que se encuentra sumida la sociedad puertorriqueña abarca todos los aspectos de nuestra vida colectiva, tanto en lo económico y financiero, como en lo político, lo gubernamental y lo social. Hasta la estructura de nuestras familias se ha visto golpeada por el acelerado incremento en la emigración a los Estados Unidos de cada vez más puertorriqueños.
Todo indica, además, que las consecuencias de la bancarrota del gobierno y la ruina de la economía productiva habrán de empeorar aún más las ya inaceptables e insoportables circunstancias que continúan deteriorando las condiciones de vida en nuestro país.
Es cada vez más un punto de consenso que las causas fundamentales de la crisis que vivimos radican en la continuación de un modelo económico y político colonial que le niega a nuestro pueblo las herramientas y los instrumentos necesarios para encarar la actual situación. Es verdad que la implosión de la economía de la colonia ha sido acelerada y agravada por la ineptitud y la corrupción de los gobiernos coloniales durante varias décadas, pero no cabe duda de que la raíz del mal está en la existencia del régimen colonial que nos ha traído a la actual condición de agotamiento e indefensión.
La discusión pública en el país en estos momentos se concentra en los primeros impagos y en sus consecuencias económicas, jurídicas y sobre los servicios gubernamentales, incluyendo los pagos de las pensiones y los salarios de los empleados públicos. La discusión gira, además, en tomo al debate sobre la inminencia de legislación congresional que crearía alguna forma de Junta de Control Federal que se convertiría en el árbitro final de cualquier decisión económica o financiera del gobierno de Puerto Rico, y que tiene como principal objetivo proteger los intereses de los acreedores de la deuda pública, y no los intereses de nuestro pueblo. En este debate se dan por sentado, en San Juan y en Washington, los poderes plenarios del Congreso para legislar como le parezca con relación a Puerto Rico.
El consenso sobre la condición de nuestra subordinación colonial se ha visto fortalecido recientemente por el alegato presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo federal en febrero de este año en el que el gobierno de ese país formalmente argumenta y fundamenta que los poderes de los Estados Unidos sobre Puerto Rico adquiridos en 1898 permanecen intactos. Este alegato se suma a las múltiples expresiones oficiales del gobierno de Estados Unidos, incluyendo los tres Informes de la Casa Blanca sobre Puerto Rico en 2005, 2007 y 2011. En ellos se reitera la condición política de nuestro país como territorio no incorporado perteneciente a los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, aduciendo la imposibilidad constitucional de convertir la relación entre ambos países en una que solo pudiera ser alterada por consentimiento mutuo. O se es territorio, o se es soberano (ya sea Independiente o en Libre Asociación), o se es estado federado.
La comunidad internacional también ya ha hecho saber su parecer. El Comité Especial sobre Descolonización de Naciones Unidas ha denunciado la condición de subordinación colonial de Puerto Rico y ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos para que descargue sus obligaciones descolonizadoras para que podamos ejercer plenamente nuestro derecho inalienable a la libre determinación e independencia. Igualmente ha hecho un llamado unánime a la Asamblea General a examinar y pronunciarse sobre el caso de Puerto Rico.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños también se ha expresado de manera contundente en sus más recientes Cumbres haciendo suyo el llamado del Comité de Descolonización reclamando el fin del colonialismo.
El pueblo de Puerto Rico, en la consulta llevada a cabo en noviembre de 2012, se expresó de forma indubitablemente mayoritaria en contra de la continuación del actual régimen territorial.
Para que el proceso de descolonización que proponemos sea eficaz y genuino debe culminar con la selección por parte de nuestro pueblo de una alternativa acorde con el derecho internacional (es decir, con las Resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV)), y que en el derecho constitucional de Estados Unidos solo pueden ser la soberanía propia, ya sea como país independiente o en libre asociación, o como estado federado. Esas alternativas no deben ser abstractas sino concretas y fruto de un proceso de diálogo y negociación entre los proponentes de las tres fórmulas y el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. Deben, además, precisar bajo qué términos -si algunos- el Congreso estaría dispuesto a conceder en el caso de la Estadidad y la Libre Asociación. En el caso de la Independencia, que sí es un derecho irrenunciable de nuestro pueblo, la negociación deberá versar sobre los términos del periodo de transición económica a partir de la proclamación de la independencia.
La aprobación de esta Resolución Concurrente constituye un emplazamiento al Congreso y al Presidente de Estados Unidos no solo de la exigencia del pueblo de Puerto Rico de liquidar el régimen colonial, sino de la necesidad de ubicar la discusión sobre cómo enfrentar la coyuntura del impago y las obligaciones de las partes en el contexto de una discusión más productiva y más trascendental sobre un proceso de descolonización”.
Emplazados están los presidentes de los partidos políticos que tienen representación legislativa a apoyar este proyecto, en particular al Dr. David Bernier, que es el presidente del partido que controla ambas cámaras legislativas, para que sin dilación se apruebe esta medida.

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