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Acabemos la guerra contra las drogas

Hace un par de semanas afirmé en este espacio que con “las mismas recetas de siempre no bajará el crimen,” que la mano dura no había sido efectiva y que nos corresponde, ante las nuevas realidades de Puerto Rico, buscar nuevas alternativas para enfrentar el crimen y la violencia. Para lograr este objetivo, tenemos que propinarle un golpe definitivo al modelo de negocio de las drogas ilegales, reintegrar los participantes de esta industria a la sociedad, y comenzar un verdadero proceso de tratar el abuso de sustancias controladas como lo que es; un problema de salud pública. La única forma de hacer esto es abandonando de una vez la fracasada, costosa e ineficiente guerra contra las drogas y comenzar a movernos pronto en la dirección de legalizar la marihuana para su uso recreacional.

Tan reciente como en el 2014 y según estudios sobre el tamaño de la economía subterránea en Puerto Rico, ésta ascendía a $37,613 millones y representaba el 36.47% del Producto Interno Bruto (PIB). Según los investigadores, el Dr. Segundo Castro y el Sr. Julio Medina, si el gobierno lograba recaudar tributación sobre al menos el 50% de este sector informal, esto representaría cerca de $2,000 millones en nuevos ingresos para el estado.

Ciertamente, no toda la economía informal tiene que ver con la venta de drogas, pero podemos tener una idea del impacto de esta actividad sobre la economía. Se especula que el negocio de la marihuana representa entre el 20% y 30% del negocio de los carteles de droga. Por ejemplo, la marihuana ya es legal para uso recreacional en Uruguay, Canadá y 9 estados de los Estados Unidos y en D.C. Para el 2017, las ventas en Norteamérica ascendieron a $9,700 millones y se proyecta que para el 2021 el mercado legal de marihuana será de $24,500 millones. En el caso de Colorado, por ejemplo, los recaudos por concepto de impuestos a la marihuana ascendieron en el 2015 a $130 millones y a $200 millones en el periodo enero a septiembre de este año. De hecho, se estima que, si el gobierno federal hubiera legalizado la marihuana en 2017, podrían haber recaudado $131,000 millones entre ese año y el 2025.

Por otro lado, se estima también que con la legalización de la marihuana a nivel federal se impulsaría la creación de 1 millón de empleos en los Estados Unidos en todas las facetas del negocio. En Colorado, con la legalización en el 2015 se crearon 18 mil empleos a tiempo completo. La experiencia en Puerto Rico no debe ser diferente. De hecho, sería una gran oportunidad para que con la ayuda de la academia y el tercer sector pudiéramos reintegrar a la sociedad a los actuales participantes de esta industria, que no hayan cometido crímenes violentos, para que ellos se conviertan en empresarios o empleados formales de esta industria, para las áreas de venta, cultivo e investigación y desarrollo. Esa debe ser la prioridad en términos de desarrollo de la industria de la marihuana legal en Puerto Rico. Lo que serviría como un antídoto a los altos niveles de desigualdad en nuestra sociedad, que son el detonante de la actividad criminal. Esto aprovechando la falta de regulación federal y estableciendo prioridad y protecciones para quienes regularicen su actividad, antes de que los jugadores del “big marijuana” puedan entrar a nuestro mercado a llevarse las ganancias de la producción local.

La verdad es que ninguna solución al crimen está libre de retos, ni tampoco escapa a las leyes de la física. Pero como podemos observar el potencial de la legalización de la marihuana es enorme en términos económicos y en ingresos para el estado. A esto deberíamos sumar los recursos existentes hoy, que se liberarían en la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y en la Rama Judicial, que se puede redirigir a otras áreas como la prevención y esclarecimiento de crímenes violentos y la corrupción. Además del impacto positivo de esta actividad en todos los renglones de la economía.

Como parte de un plan integrado, una porción de los recaudos relacionados a la marihuana (IVU, licencias, etc) se deben destinar a 4 cosas importantes: campañas de educación, reforzar el patrullaje en las carreteras y las vías públicas, en el tratamiento de adicciones con enfoque salubrista y en la fiscalización y regulación efectiva de este mercado. La legalización debe venir también con la excarcelación y limpieza de record criminal a convictos de crímenes relacionados a drogas que no hayan cometido faltas violentas.

Así las cosas, tenemos que preparar a Puerto Rico para un futuro en donde terminemos de una vez y por todas la fallida e ineficiente guerra contra las drogas. Este diálogo debe darse con premura, ya que la tendencia en los Estados Unidos es a la legalización de la marihuana, probablemente dentro de la próxima década. Por lo que estamos ahora en posición de establecer una solución puertorriqueña al problema de la droga, que sea de beneficio para nosotros y no para intereses extranjeros que vengan también a explotar el nuevo mercado llevándose las ganancias y dejándonos los problemas de siempre. Sólo atacando el modelo de negocios y regulando sus beneficios podremos reducir la criminalidad y la violencia derivada de esta actividad.


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