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Con las mismas recetas de siempre no bajará el crimen

Cada vez que en Puerto Rico se percibe o se experimenta un aumento en el crimen o la violencia, surgen los mismos cuestionamientos, las mismas recriminaciones y más preocupante aún, las mismas propuestas con el mismo enfoque. No importa que los resultados positivos sean temporeros, que se criminalice a los sectores más pobres de la sociedad o que simplemente no funcionen, siempre terminamos abrazando propuestas fallidas que solamente atienden los síntomas de la enfermedad y que en muy pocas ocasiones van a la raíz de los problemas que pretenden solucionar. Lo mismo se puede decir de muchas cosas en este país, pero en el caso del crimen los resultados son más palpables. Debemos entonces comenzar a explorar de manera agresiva y sistemática, nuevas soluciones que sean más efectivas, que se ajusten a las nuevas realidades del país y que sean también menos costosas para en su implantación. Debemos acabar con la práctica de poner parchos al enorme dique de problemas sociales crónicos con los que vivimos.

La realidad es que en Puerto Rico no vivimos en una sociedad segura. Somos el noveno país latinoamericano con mayor incidencia de asesinatos. En el 2017 se reportaron casi 20 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según informa insightcrime.org. Por otro lado numbeo.com, que se dedica a la medición y clasificación de renglones internacionales como, por ejemplo, costo vida o ambiente, nos coloca en la posición número 13 en el mundo entre los países con el mayor índice de criminalidad. En esta lista nos superan países como Venezuela, Honduras, Afganistán y Bangladesh. El año pasado terminó con 671 asesinatos y al 30 de septiembre de este año se habían cometido 482. Este año, a esa fecha, se habían cometido un total de 4,724 delitos contra la persona y 18,703 contra la propiedad, según las propias estadísticas de la Policía. Esto sin contar los crímenes que ya ni se reportan por la falta de confianza y transparencia en el sistema. Muchos se consolarán diciendo que el 2017 terminó con 26 asesinatos menos que el 2016 o que hay alguna reducción nominal en ciertos delitos aquí y allá. No es sostenible mantener una sociedad funcional con estos índices de criminalidad.

Ante ese panorama vienen los mismos planteamientos de siempre que nunca resuelven nada o que se prestan para utilizar la policía y la fuerza del estado en contra de las comunidades pobres. Ya vimos la semana pasada la mini invasión de las autoridades en Calle Loíza y el Condado. El mismo espectáculo mediático de siempre, aunque a menor escala debido a la falta de recursos en el gobierno. Esa es la mentalidad que promueve el cierre de los negocios a las 2:00 de la mañana, cuando los incidentes de violencia ocurren en las vías públicas a plena luz del día como todos fuimos testigos recientemente a través de las redes sociales. Cosa que contagia hasta a los políticos más sensatos, como al alcalde de Toa Baja, que pidió en septiembre la ya cansada y trillada idea de activar a la Guardia Nacional para hacerle frente a la ola criminal. Los medios de comunicación tampoco escapan a esta realidad con paneles de análisis con fiscales y superintendentes de la Policía, quienes en su mayoría son figuras fracasadas en la lucha contra el crimen.

La “Mano Dura” contra el crimen de los años 90, impulsadas aquí por Pedro Rosselló y Bill Clinton en los Estados Unidos no presentó cambios significativos en las condiciones de desigualdad social y económica, que son el principal combustible de la conducta criminal. Por el contrario, la bonanza económica de aquella época se esfumó en las ganancias y eventual colapso de Wall Street y el endeudamiento desmedido para el desarrollo de obras faraónicas que culminaron en nuestra crisis actual. De esa “Mano Dura” heredamos el sistema privado de cárceles, la militarización de la policía, ofensores de 13 años en adelante enfrentando el sistema judicial como adultos, las penas mínimas mandatorias, entre otras políticas que han resultado ser dañinas y que no atacan las causas de la criminalidad. Medidas que ciertamente son más fáciles que implantar un nuevo modelo económico que sea inclusivo y que funcione para todos, no para unos pocos.

Así las cosas, si queremos resultados diferentes en la lucha contra el crimen, no podemos seguir apostando a las mismas propuestas fracasadas de siempre. Debemos entonces presentar alternativas sensatas a la “mano dura” y trabajar en su implementación. Si el Partido Popular, o alguna otra fuerza, pretende convertirse en alternativa tiene que explorar sin miedo, nuevos caminos para enfrentar la violencia y el crimen en Puerto Rico. No queda otra opción, ya que las finanzas del gobierno así lo exigen. En las próximas semanas estaré discutiendo algunas ideas a través de este espacio para fomentar visiones alternativas a la imperante. A través de estas ideas, a lo mejor podemos cambiar la receta de siempre y ser más efectivos a la hora de conseguir nuestros objetivos de tener una mejor sociedad para vivir, que sea más justa y tal vez más incluyente.


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