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La desigualdad en los tiempos post María

El problema de la desigualdad no es un fenómeno nuevo en Puerto Rico, pero gracias a la profunda crisis económica, que ya va por doce años, esta se ha exacerbado y el Huracán María la ha puesto a la vista de todos. La virtual desaparición de la clase media, la pérdida de empleos tanto en el sector público como en el sector privado, la pérdida de la base productiva del país y de población, sumado a los altos niveles de endeudamiento del gobierno y una baja en los recaudos son a la vez causa y efecto de la creciente brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco o nada. Pero son las políticas de esta y administraciones anteriores las que más daño hacen en este renglón y el dinero que debe llegar a causa del propio desastre de María parece que tampoco hará mucho para corregir esta realidad.

Según un reciente análisis del Centro de Información Censal de la UPR en Cayey (Centro), Puerto Rico es el tercer país de mayor desigualdad en el mundo, superado solamente por Sudáfrica y Zambia en esta lista. Esto significa que el 54% de la población más pobre, recibe a penas un 20% del ingreso familiar en Puerto Rico. Otra forma de verlo es que el 26% de la población con mayores recursos recibe el 60% del ingreso familiar. Para llegar a esta conclusión el Centro utilizó y comparó datos disponibles del Banco Mundial y del Negociado del Censo de Estados Unidos. Esta realidad no es muy difícil de constatar. Con el paso del Huracán María, se pudo observar cómo algunos sectores se “normalizaron” de forma bastante rápida, mientras que otros no lo han podido hacer del todo. En estos sectores, donde no hubo capacidad de recuperación por la situación económica, fue el que más sufrió las muertes por eventos relacionados al huracán. Los amplios niveles de desigualdad y de pobreza crónica tienen consecuencias terribles sobre la vida de la gente.

Esta realidad no se produjo de la noche a la mañana. Es parte del proceso de deterioro de la economía y de doce años de una crisis económica que comenzó en el 2006, año en que expiró la Sección 936 que mantenía al sector de la manufactura como la espina dorsal de la economía local. Es en este momento que según la mayoría de los expertos comienza nuestra crisis y década perdida. Pero las medidas de austeridad que se han venido implantando desde entonces, las reformas contributivas y tratos contributivos especiales como la ley 20 y la 22, perpetúan el germen de la desigualdad ya que promueven que ciertos sectores económicamente influyentes paguen pocas contribuciones o no paguen nada. Convirtiendo a Puerto Rico en un paraíso fiscal para ciertas personas, si pasan aquí cierta cantidad de días al año y “mueven” sus negocios acá. En otras palabras, si paran un día en el Starbucks del aeropuerto de camino a Saint Barths o alquilan una oficina con un buzón de correo. De hecho, a las empresas que se acojan a este beneficio no se les exige cuota de empleos creados. Mientras tanto usted y yo pagamos, lo que nos hace desiguales.

Por otro lado, quienes tienen que vivir y pagar contribuciones aquí se quedan con el cierre de más de 300 escuelas, recortes al Departamento de Educación y aumentos en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. Un contrasentido cuando el mismo análisis del Centro nos dice que “los hogares con ingresos menores a los $27,000 anuales, apenas el 6% de los adultos (25 años o más) alcanzó un grado de bachillerato. Ese porcentaje se eleva a 26% cuando se evalúan los hogares con más de $44,000 anuales.” Demostrando de esta forma la relación directa entre la educación y el ingreso de los hogares. A mayor educación, mayor el ingreso, por lo tanto, menor grado de desigualdad. Entonces debemos concluir, si la desigualdad es un problema y la educación es la solución, debemos invertir más en educación. Aquí la administración Rosselló y la Junta de Control Fiscal hacen lo opuesto.

Tampoco podemos esperar mucho de los fondos de recuperación. Las aseguradoras o no pagan o pagan lo menos posible o se tardan en emitir los cheques. El programa Tu Hogar Renace parece que está plagado de irregularidades y no ha rendido de forma efectiva. Por otro lado, y más preocupante aún, además de que los fondos federales se están repartiendo a cuentagotas, según el Centro para la Nueva Economía, de los cerca de $5,000 millones que se han adjudicado para proyectos de construcción la gran mayoría han sido otorgados a empresas de afuera de Puerto Rico: $4,300 millones. Las empresas locales solo han recibido $490 millones en contratos, para un 10%. Esto no quiere decir que las compañías de afuera no contraten locales. Pero si significa que una vez termine el proyecto, termina el trabajo, mientras que las ganancias de los proyectos se va fuera de Puerto Rico. Mientras que el dinero que entra a empresas locales se queda en la economía, se invierte, y crea mayor riqueza y empleos. Así que el alivio será temporero, no ayudará a la recuperación en el largo plazo, por lo que no ayudará a combatir la desigualdad en el país.

De hecho, el dinero de emergencia, según la Ley Stafford que atiende los desembolsos en casos de desastres naturales, establece que se debe promover las empresas locales a través de la contratación con los fondos de emergencia. Esto con el propósito lógico de potenciar la recuperación de las zonas afectadas. Alguien no está cumpliendo con el mandato de ley.

Así las cosas, la desigualdad en Puerto Rico debe estar en el centro de la discusión pública y no lo está. Peor aún, las administraciones de ambos partidos no han sido capaces de establecer una visión clara sobre como atender este grave problema y poner al país en la ruta de la prosperidad para todos, no para unos pocos. Ese es, al fin y al cabo, el gran reto para quien quiera gobernar a Puerto Rico. Terminar con los tratos contributivos especiales debería ser una buena forma de comenzar. Retomar la inversión en nuestra educación es otra medida que no debería ser negociable. Necesitamos un liderato nuevo que le haga frente a la desigualdad.


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