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Trump, la estadidad y la falacia de los “derechos civiles”

Finalmente, el presidente Trump se expresó de forma clara sobre lo que piensa de la estadidad para Puerto Rico. Independientemente de que quiera utilizar su pelea con la Alcaldesa de San Juan como pretexto, su rechazo es claro y no es la primera vez que así lo hace. No importa las veces que el liderato estadista se humille ante él, es obvio que no respeta a Puerto Rico y no tiene intención alguna de tan si quiera ofrecernos la estadidad, como lo dejaron claro recientemente en la Organización de Estados Americanos (OEA). El asunto de la estadidad no se trata tampoco de una cuestión de “derechos civiles” como intentan vender algunos aquí y compran sectores progresistas en Estados Unidos. A Puerto Rico, como nación nos compete el derecho a la libre determinación que en la actualidad está secuestrado por Wall Street y el Congreso y puesta en manos de la Junta de Control Fiscal.

En Estados Unidos se debate todos los días si el presidente es racista o simplemente es un facilitador (enabler) del sentimiento “anti”: inmigrante, latino, musulmán o mujer. En fin, cualquier cosa que no sea hombre, blanco o protestante. En otras palabras, Trump o es racista o lo promueve para satisfacer a sectores que mueven las masas descontentas con el estado de las cosas en ese país. Sin duda alguna es en este contexto en que atiende los asuntos relacionados a Puerto Rico. Debemos estar claros de que independientemente de que mencione a la Alcaldesa de San Juan como como una “causa”, su rechazo a la estadidad es más bien producto de su visión “anti” sobre nosotros. Pero lo importante es que ahora lo deja más claro que en las primeras dos ocasiones anteriores. La primera, ignorando los resultados del plebiscito de verano pasado, donde se le presentó la estadidad con un “97% de los votos”. Y la segunda, cuando el gobernador Rosselló le planteó ante las cámaras su petición de estadidad y en lo que todo el mundo asumió como tono burlón de Trump, este le preguntó si le “podía asegurar dos senadores republicanos.”

Estos tres rechazos directos a la estadidad por parte de Trump se suman a dos acciones de su Administración. Primero recordemos la negativa del Departamento de Justicia federal de pronunciarse sobre las definiciones de ese “plebiscito”, lo que casi provoca la cancelación de este. Más recientemente y a través de un funcionario de la OEA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en respuesta a una querella de Pedro Rosselló, nos dicen que, si queremos votar por el presidente y queremos participar del Colegio Electoral, podemos mudarnos a un estado, entre otras contradicciones relacionadas a la relación actual y los poderes plenarios del Congreso ejercidos a través del esquema de PROMESA. La realidad es que como hemos dicho una y otra vez en este espacio, la estadidad no está “más cerca que nunca” y en Estados Unidos nadie se plantea seriamente, mucho menos el presidente, ofrecerla a una jurisdicción que sería más pobre que el estado más pobre, con una deuda impagable y que para colmo no son blancos o hablan inglés. Las fuerzas que controlan el Partido Republicano y que Trump agita con cada tweet o aparición en Fox News, no lo van a permitir.

Por otro lado, ese discurso de “derechos civiles” para los tres millones de “ciudadanos americanos” o “americanos en el Caribe” cala en sectores progresistas de Estados Unidos que podrían levantar la bandera de la estadidad ante el rechazo de Trump. Especialmente por el argumento de falta de representación, la incapacidad de votar por el presidente y de paso activar a la comunidad hispana ante la posibilidad de un estado latino. Eso es una falacia. Esta visión se debe contrarrestar de manera activa y de frente. Los derechos civiles son para los individuos, en el ejercicio de sus libertades. El caso de Puerto Rico es diferente. Puerto Rico es una nación, no un grupo de americanos sin alma en medio del Caribe, que debe ejercer su derecho a la libre determinación y escoger entre alternativas no coloniales y no territoriales. Derecho que en la actualidad está secuestrado por Wall Street y por una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso. Ese frente hay que trabajarlo y ganarlo con argumentos, ya que al otro lado no nos hacen el favor de rechazar la estadidad porque quieran lo mejor para Puerto Rico. Esa es sólo la expresión de sus prejuicios raciales.

Así las cosas, las expresiones de Trump no deben sorprender a nadie a estas alturas. Sabemos lo que es el presidente o por lo menos estamos seguro de lo que representa. De hecho, de por sí sola la estadidad tiene el problema mayor de falta de legitimidad democrática y estancamiento aquí y allá lo saben. El gobierno local no puede seguir vendiendo la fantasía de que la estadidad se encuentra a la vuelta de la esquina. También tenemos que dejar claro a otros sectores políticos en Estados Unidos que tratar el tema de Puerto Rico como uno de “derechos civiles” para obtener ganancias electorales, tampoco es correcto y es un error conceptual. Puerto Rico es una nación y el camino tiene que ser el de la libre determinación, que está secuestrado ahora mismo.


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