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No más restricciones al aborto

A veces cometemos el error de pensar que las conquistas de derechos y victorias en el campo de la política son finales. Que una vez se consiguen es muy difícil que se reviertan por el peso históricos de ellas, porque se convierten en lo común, porque pasan a ser la norma o el entendido generalizado de la sociedad. Pero como hemos aprendido con el asunto del “gobierno propio” de Puerto Rico, estas conquistas o desarrollos se pueden revertir si las circunstancias cambian o se mueven en cierta dirección u otra. El tema de los derechos reproductivos de la mujer tampoco es ajeno a esta realidad. Desde el Senado de Puerto Rico y la Casa Blanca de Trump se desarrolla una nueva ofensiva en contra de proveerle a la mujer la opción de un aborto legal, accesible y seguro. Esto es una agenda peligrosa y que está basada exclusivamente en el fanatismo religioso de ciertos sectores, aquí y allá.

En el Senado se presentó el Proyecto 950 de la autoría de Nayda Venegas Brown (PNP-Carolina). Este proyecto, en su Exposición de Motivos lamenta que no se aplique el Artículo 99 del Código Penal, que penaliza con un término de 3 años de cárcel en contra de la mujer que aborte. Disposición olvidada del Código, pues es contraria al derecho constitucional vigente. La medida más que un intento para “ayudar” a la mujer a tomar una “decisión informada” sobre su embarazo, es claramente un intento cargado con el propósito de disuadir a las mujeres para que no aborten en los centros disponibles, legales y seguros, que existen en Puerto Rico para esos propósitos. El proyecto pretende establecer un “periodo de enfriamiento” de 48 horas antes del procedimiento para que la mujer vaya a la clínica en donde deberá llevar a cabo 5 pasos para no exponerse a 3 años de cárcel. Además, se le ofrece a la mujer una prueba de ultrasonido, lo que encarece aún más los costos del proceso. Si este servicio, que en este caso no tiene ningún tipo de valor médico, no es ofrecido, entonces el médico se puede enfrentar una pena fija de un año. Lo que ocurre en Estados Unidos no es mejor.

El aborto es legal en Puerto Rico, gracias a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Roe v. Wade de 1973, en donde se reconoce por primera vez el derecho constitucional de la mujer a tomar decisiones médicas, incluidas el aborto, como parte de su derecho a la intimidad. El Supremo tomó esta decisión en una votación abrumadora de 7 a 2. Desde entonces esta es la ley y dicho Tribunal no ha revocado esta decisión. Lo que si ha habido son intentos de sectores conservadores de conseguir una revisión ya sea por medio de legislación o por medio de una nueva decisión del Tribunal, que revoque total o parcialmente la misma. Precisamente, una de las promesas de campaña del presidente Trump, fue nombrar jueces que potencialmente reviertan Roe v. Wade. Poniendo en peligro así los derechos reproductivos de la mujer, tal y como existen hoy. La nominación del juez Brett Kavanaugh al Supremo, en sustitución del juez Kennedy, es un paso a esa dirección. Probablemente sea esto por lo que el respaldo a Trump del sector religioso de derecha se mantiene inamovible a pesar de los escándalos. En donde se le vincula en una relación con una estrella porno y otra en donde aparentemente le pagó un aborto a una modelo de Playboy, luego de tener relaciones con ella y de pagar, a través de medios cuestionables, por el silencio de ambas.

Estas visiones extremistas y fanáticas que pretenden limitar el derecho al aborto bajo cualquier circunstancia no tienen base ni sentido científico o médico. Por el contrario, en el Proyecto 950 se le pone responsabilidad criminal a los médicos, que trabajan en las clínicas que proveen abortos, sobre acciones que no son relacionadas al ejercicio de la medicina. No se debe criminalizar la relación entre el médico y su paciente. Según la doctora Nicole Lugo Santiago, la mayoría de las mujeres que completan el proceso abortivo, son mayores de edad y son madres: “mujeres adultas con familia, tomando decisiones propias”. Por lo tanto, el interés de fomentar la “decisión informada” no está basada en la realidad ni en los hechos. No se pueden tomar determinaciones de política pública basados en criterios religiosos. Lo único que promoverá el fanatismo en este caso, será la práctica del auto aborto o el aborto clandestino. Prácticas que son nefastas e inseguras para la mujer. Especialmente en un país donde en el 2008 el 65% de los embarazos eran no deseado.

Así las cosas, debemos evitar sucumbir ante el fundamentalismo religioso que pretende imponer su estilo de vida a través de las acciones del gobierno, aquí y allá. No coloquemos mayores cargas en la vida de la mujer. Si queremos evitar el aborto, facilitemos el acceso a métodos anticonceptivos y respaldemos la educación sexual y de perspectiva de género en nuestras escuelas públicas y privadas. Promovamos un ambiente en donde la mujer pueda desarrollar su vida y carrera a plenitud bajo sus propios términos. Mantengamos y protejamos el derecho al aborto legal, accesible y seguro.


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