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El “compromiso” de la Ley 80 y el inversionismo político

El baile de Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF) no se detiene y ya no disimulan su complicidad. Desde la semana pasada se viene discutiendo en Puerto Rico el más reciente acuerdo entre la JCF y el gobierno. Acuerdo que no hace sentido desde el punto de vista económico ni mucho menos presupuestario. La única forma de que este “compromiso” hace sentido es si lo miramos a través del prisma ideológico de los componentes de la JCF y los intereses que estos representan. Intereses que llevan años detrás de la eliminación de derechos fundamentales a los trabajadores del sector privado y que encontraron en la JCF y en Rosselló los mejores aliados posibles. Sectores poderosos que compran acceso a las esferas de poder a través de grandes aportaciones de dinero a campañas políticas.

El acuerdo entre Rosselló y la JCF es bastante sencillo. Rosselló se comprometió a derogar la Ley 80, que provee una protección en casos de despidos injustificados a los trabajadores del sector privado a cambio de un aumento en el presupuesto recomendado por la JCF a la Oficina del Gobernador, la Comisionada Residente, la Asamblea Legislativa y la aprobación de un fondo especial de $50 millones para los municipios y una asignación adicional de $1 millón por municipio en este presupuesto. Se acabó la defensa de las pensiones que se comenzarán a recortar según el plan fiscal a partir del próximo presupuesto y nos enteramos también a través de Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, de que los bonos en el sector público y privado estarán sobre la mesa “siempre”. No están a salvo como había representado falsamente el gobernador con el anuncio del acuerdo el domingo pasado. En otras palabras, el gobernador acordó la eliminación de la Ley 80 a cambio de mayor presupuesto para ciertos funcionarios, incluida su propia oficina.

A todas luces es otra muestra del fanatismo ideológico neoliberal de los miembros de la JCF. Según la JCF, esta medida en conjunto con las demás “reformas estructurales” relacionadas al trabajo representaría un aumento del 1.0% del PNB según el memo de 36 páginas presentado ayer tarde por la JCF. Específicamente, a la eliminación de la Ley 80 le dan un valor de 0.3%, utilizando a Italia (la 8va. economía del planeta) como modelo, lo que hace menos sentido todavía. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la eliminación de la Ley 80 y demás protecciones para los trabajadores del sector privado es algo que grupos conservadores como la Heritage Foundation han venido pidiendo al igual que ciertos actores del sector privado. Grupos que ejercen sus influencias en los asuntos de política pública a través de grandes aportaciones de dinero a campañas políticas.

El mejor ejemplo de la influencia de estos grupos lo representa el propio presidente de la JCF, José Carrión III. Este señor ha sido un “donante consecuente” durante la pasada década, aportando casi $200 mil a políticos y organizaciones republicanas o estadistas en Puerto Rico y en los Estados Unidos. De hecho, la presidencia de la JCF no lo ha detenido en su activismo político ni en sus aportaciones a políticos como Rob Bishop o Paul Ryan. Ciertamente, su activismo económico en favor de políticos republicanos le alcanzó sin duda la presidencia de la JCF. Plataforma perfecta para adelantar su visión ideológica. Este es el tipo de persona que está dispuesta a pagar $1,000 para compartir con Rosselló luego de su Mensaje de Presupuesto de la semana pasada en donde había tratado de vendar en la legislatura su acuerdo de más presupuesto a cambio de la derogación de la Ley 80. Tal parece que el revuelo en las redes sociales llevó a suspender esta actividad. Pero no las va a detener por mucho tiempo. Mientras existan políticos que estén dispuestos a tomar dinero de estos sectores para sus campañas políticas, la gente estará a merced de estas determinaciones que son contrarias a sus mejores intereses. Mientras nos entretienen con “reformas” constantes, gente como Carrión III se agencia acceso a los círculos de poder.

Así las cosas, tenemos que rechazar los intentos de imponer soluciones ideológicas a nuestros problemas. Tampoco podemos permitir que los inversionistas políticos que están en la Junta empujen su agenda con la desfachatez que lo hacen. Demás está decir que es hora de que los ciudadanos retomemos control de los partidos y de las candidaturas a través de nuestra participación en los procesos. Exijamos una nueva forma de recaudar fondos que sea más democrática y en donde la gente sea protagonista. Si no participamos, los inversionistas políticos y sus clientes seguirán saliéndose con la suya.


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