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Regeneración democrática

Con una votación de 46 a favor y uno en contra, del mismo acusado, culminó en expulsión el juicio político en contra del representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz. De esta forma, la Cámara de Representantes ejerció su deber constitucional de ser el “único juez de la capacidad legal de sus miembros.” Ese cuerpo legislativo, tomó la decisión correcta de separar permanentemente de su cargo a una persona que todas luces nunca debió llegar allí, abriendo una vacante entre sus 51 miembros. Ahora le corresponde al Partido Nuevo Progresista (PNP) llenar dicha vacante, a través de un proceso de selección interno que ya fue anunciado por su Secretario General. Es precisamente aquí donde debemos cuestionar este proceso, procurar cambios y buscar nuevos espacios de democracia y participación.

El Código Electoral de Puerto Rico establece que, para cubrir una vacante en un escaño de distrito, ya sea en Cámara o en Senado, el partido político por el cual el legislador fue electo tendrá 60 días para elegir un candidato a través de un método alterno de elección, que por lo regular es una asamblea de delegados de los pueblos que componen el distrito. Si el partido no cubre la vacante en ese término, entonces el Gobernador convocará en 90 días una elección especial o primaria para llenar la vacante. De esta votación participarán exclusivamente electores y candidatos pertenecientes a dicho partido y la persona que gane ese proceso cubrirá la vacante por el tiempo que reste del cuatrienio.

Este proceso se abre únicamente si el partido político no certifica un candidato (algo que nunca pasa), entonces se convoca una elección especial abierta “en la que podrán presentarse como candidatos personas afiliadas a cualquier partido político o candidatos independientes.” En el caso de que la vacante surja dentro de los 15 meses previos a la elección, ninguna de las opciones anteriores se ejecutaría. Únicamente se necesita que el Directorio o Junta de Gobierno del partido designe una persona para cubrir la vacante. Sin duda alguna, este proceso excluye a la mayoría de los ciudadanos, convirtiendo a los partidos políticos en los dueños exclusivos de los escaños legislativos y no el pueblo al que representan.

En tiempos donde la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene la última palabra sobre planes fiscales y presupuestos, en los que una jueza en Nueva York toma decisiones que afectarán a nuestros pensionados, y las condiciones en que Puerto Rico pagará o no su deuda de $75 mil millones; debemos expandir lo que nos queda de espacio de acción democrática interna. Los ciudadanos tenemos que exigir una política de apertura, incluyente y que fomente la participación más amplia posible. Las vacantes por distrito en la legislatura deben ir a votación general en elección especial abierta. Que la gente vote y se exprese en las urnas no debería ser causa de temor para nadie.

De hecho, fue el pueblo quien delegó en la Asamblea Legislativa la prerrogativa de legislar la forma en que se llenan estas vacantes a través de una enmienda a nuestra Constitución en el 1965. Por lo que este cambio solo requiere legislación. Esta idea no es nueva. En Estados Unidos los precedentes son abundantes. En la Cámara de Representes federal, las vacantes se llenan a través de elecciones especiales abiertas en los distritos congresionales. En las legislaturas estatales en la mitad de los estados (25) se recurren a estas elecciones especiales para llenar vacantes también. Pero esto no debe terminar aquí.

Debemos impulsar una serie de transformaciones que le devuelvan el poder a la gente y ayuden a regenerar nuestra democracia. Entre otras medidas, en Puerto Rico es tiempo de formalizar la posición de vicegobernador / secretario de estado que debe ser electo junto al gobernador. Tenemos que movernos a la aprobación de legislación de iniciativa ciudadana en donde ciertos tipos de medidas legislativas puedan ser ratificadas directamente por el pueblo a través del recogido de firmas o un sistema de votación directa. Por último, nuestros municipios son espacios en donde también debemos fomentar la convivencia democrática, a través de la elección directa de las legislaturas municipales en una papeleta diferente a la del alcalde y la institucionalización de los presupuestos participativos.

Así las cosas, y a pesar de lo que nos han hecho creer y en contra de la tendencia generalizada, el asalto a nuestras instituciones y el despojo de nuestra esfera pública debe ser respondido con más democracia. Abriendo más espacios de participación ciudadana. Sólo así podremos comenzar el necesario proceso de regeneración democrática.


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