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2 golpes bajos a la confianza pública

Cuando los pueblos pasan por grandes crisis, como la que vive Puerto Rico, es muy fácil echar a perder la poca confianza que el ciudadano pueda tener en las instituciones que se supone lo representen. Cuando la crisis le toca a unos si y a otros no, cuando se trastean las instituciones para beneficiar a unos si y a otros no o cuando las ayudas se reparten a unos si y a otros no, sin duda la confianza pública se lacera por los golpes que recibe. Una vez esa confianza se pierde es bien difícil volverla a tener. Es como la vida misma, por lo general es más fácil destruir que construir. En política y en gobierno esto ocurre mucho.

Esta pasada semana fuimos testigos de dos instancias que a simple vista no tienen relación alguna, pero como dijo el genio Draco Rosa “se abrazan como bosques de esqueletos en la lluvia.” ¿Y qué terribles esqueletos…?

La reunión del domingo

Mientras el 25% del país que sigue a oscuras, repetía la tediosa tarea de buscar gasolina y diésel para prender nuevamente las plantas o salir a buscar el gas para poder cocinar la comida del día. Mientras los diabéticos hacían malabares para mantener la insulina fresca y las madres hacían lo propio para que los niños de la casa se dieran la terapia. En Fortaleza se llevaba a cabo una reunión. Esta no era una reunión cualquiera, era una reunión importante. Se discutía allí el uso de los fondos aprobados por el Congreso, para comenzar la reconstrucción luego del Huracán María. En los que se incluyen $2 mil millones para la reconstrucción del sistema eléctrico.

A esta reunión fueron convocados un grupo de alcaldes. Sí, un grupo. Se convocó allí a los alcaldes que pertenecen a la Federación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), excluyendo a los alcaldes electos bajo la insignia del Partido Popular Democrático que controlan 45 de las 78 alcaldías.

Esta es una acción descarada por parte de la Administración Rosselló y la Comisionada Residente Jenniffer González, que también participó de esta reunión. El paso de María no discriminó contra ningún municipio. La destrucción no miró colores de partido ni ideología política. Entonces uno se cuestiona, ¿por qué comenzar así el proceso de reconstrucción? ¿En dónde quedaron los llamados a la unidad? ¿En dónde quedó el “Puerto Rico se levanta”?

Esto lo hicieron públicamente, en el Palacio Santa Catalina. Si así actúan públicamente, ¿cómo será en privado?

Las posibles respuestas a estas interrogantes se encuentran en el esqueleto que vio la luz la semana pasada.

El escándalo de Whatsapp

El sistema electoral puertorriqueño está fundamentado en la desconfianza. Por eso los partidos nombran funcionarios electorales y se distribuyen las tareas en los Colegios Electorales y en la CEE. Como árbitro de las disputas, a la Rama Judicial le toca designar jueces (jueces de verdad) que debe dilucidar controversias de forma imparcial. De esta forma se garantizan o garantizaban (ahora no sabemos) la pureza de los procesos electorales tanto en el nivel central como en el nivel local en las famosas JIP’s que se constituyen previo a un evento electoral, que son presididas por un juez (un juez de verdad).

La semana pasada nos enteramos de que el juez (¡juez de verdad!) que presidió los trabajo de la JIP de Moca, en las elecciones pasadas, inclinaba la balanza hacia uno de los bandos. Resulta que el recién renunciado presidente de la CEE y todavía juez, Rafael Ramos Sáez, participaba de un chat en Whatsaap en el que consultaba y buscaba guía para sus determinaciones. De este grupo, participaban prominentes figuras del actual gobierno como la sub secretaria de la gobernación, entre otros. En un intercambio con los participantes (cerca de 50) el juez clamaba por la atención de Norma Burgos para “decidir” un asunto relacionado al voto encamado.

Esta denuncia del senador Aníbal José Torres, produjo la renuncia casi inmediata del hoy todavía juez Ramos a la presidencia de la CEE. Estas acciones no solamente son un acto burdo e inmoral, constituyen además actos criminales que deben ser investigados por las autoridades federales como correctamente plantea el presidente del PPD, Héctor Ferrer, debido a la naturaleza de los mismos.

Y es aquí donde se “abrazan los bosques de esqueletos”. Ambas instancias, tan distantes como tan cercanas, son las dos caras de la misma moneda. Representan el uso y abuso de las instituciones para adelantar la agenda pequeña agenda partidista. No importa que sea a costa del sufrimiento de la gente que espera algún día volver a la normalidad o de la integridad y confianza en el sistema electoral. Estos incidentes son golpes duros a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y levantan serios cuestionamientos sobre el proceso de recuperación que a este gobierno le toca poner en marcha.


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