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Educación a la venta

El gobernador Rosselló anunció ayer las iniciativas contenidas en su plan de “reforma educativa” que presentará hoy a la Asamblea Legislativa. Para sorpresa de pocos, el gobernador aprovechando la devastación del Huracán María, repite la fórmula de aplicar soluciones que limitan la esfera pública y que redundarán finalmente en el desmantelamiento y final colapso del sistema de educación pública. Además de ser propuestas recicladas, fracasadas algunas e inconstitucionales otras.

Rosselló propone establecer en Puerto Rico el concepto de “school choice”. Bajo este “benévolo” concepto, cada estudiante representa una cantidad en dólares y centavos, y posee un vale que puede redimir en la escuela de su predilección ya sea pública, privada o a través de la creación de un sistema de escuelas “charter”. Las escuelas “chárter” son un modelo de privatización del sistema público en el que, a través de acuerdos, se ofrece a entidades privadas la administración de ciertas escuelas.

Con la inclusión de estos conceptos se pone dinero público lejos de la escuela pública y en manos de intereses privados. Este esquema ya había sido declarado inconstitucional bajo la gobernación de Rosselló padre. Pero como hemos visto, esta administración cada día se parece más aquella. Si esta medida logra pasar el cedazo del Tribunal Supremo en esta ocasión, se pondrá en desventaja a los estudiantes que se queden en la escuela pública, que tendrán que conformarse con escuelas que no tendrán ni el presupuesto, ni el personal ni los recursos necesarios para su buen funcionamiento.

No olvidemos que el plan fiscal para el Departamento de Educación ya provee recortes de $303.4 millones en los próximos 5 años y el cierre de 307 escuelas adicionales. Además, de que la secretaria Keleher anunció recientemente una reducción de 4,000 empleados administrativos y de 7,300 maestros. Esto es un golpe mayor al acceso y el derecho a la educación pública de miles de niños y niñas que viven en comunidades marginadas y de escasos recursos; a quienes condenaremos a la pobreza con este plan.

Así las cosas, los viejos argumentos en favor de la privatización y el desmantelamiento de la esfera pública parecen cobrar nuevo impulso gracias a la existencia de la Junta de Control Fiscal y a la devastación del Huracán María. Con esto, el gobierno renuncia a sus funciones elementales y prefiere aplicar medidas de austeridad que solamente profundizan las desigualdades, y no ayudan a la recuperación a largo plazo.


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