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Rosselló y el déficit de transparencia

En mi blog de hace dos semanas, 5 claves para recuperar a Puerto Rico, identifiqué lo que a mi juicio son los cincos principios que deben guiar la recuperación de nuestro país, luego de que se invocara la quiebra contemplada en el Título III de PROMESA. La primera clave a la que hice referencia fue la transparencia. El nuevo Puerto Rico tenemos que construirlo sobre las bases sólidas de la transparencia. Para cumplir con esto, es imperativo acabar con la “cultura del secreteo” en el manejo de nuestras instituciones públicas. Hay que rendir cuentas por cada dólar y centavo y por cada decisión tomada desde el gobierno. Esto cobra mayor importancia por la escasez de recursos disponibles por motivo del propio proceso de reestructuración que se avecina. En fin, el acceso a la información, ¿no es esencial de la democracia moderna?

Pues parece que, para la Administración Rosselló, la respuesta a esta pregunta es que NO. Desde el primer día hemos sido testigos de cómo los funcionarios actuales se han esmerado por esconder información u omitir la misma según sus necesidades. Tampoco han sido claros al momento de rendir cuentas a la prensa y la ciudadanía.

Por ejemplo, el representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez, es una especie de funcionario medio público y medio privado. Este recibe escolta, pero no recibe sueldo del gobierno, solo reembolsos de los gastos incurridos en sus funciones. El licenciado Sánchez no está sujeto a la Ley de Ética y tiene mano libre para contratar con quien quiera, ya sea en el sector público o privado, esto a pesar de que maneja información financiera privilegiada del gobierno. ¿A quién le rinde cuentas por sus negocios privados? ¿Cómo sabemos que no se beneficia de la información que obtiene? Son preguntas legítimas y la falta de transparencia las magnifica.

Este no es el único caso de funcionarios de la Administración Rosselló, que su situación no aparenta estar clara. La Secretaria de Educación, nos enteramos por la prensa, no recibe un salario por sus servicios. En cambio, recibe un contrato como oficial de reestructuración para el Departamento por la cantidad de $250,000.00 de parte de la Autoridad para el Asesoramiento Financiero y Agente Fiscal (AFAF). Esto puede explicar su énfasis en el cierre de escuelas y no en la calidad de la enseñanza. Por la prensa nos enteramos también que el Director de la Autoridad de Edificios Públicos, Amílcar González, también ejerce sus funciones, pero por contrato a través del BGF. En esta ocasión, su contrato se otorga para darle vuelta a una disposición que establece que una persona que se acoja al retiro temprano, no puede trabajar nuevamente en el gobierno por 5 años. Este es el caso del señor González, que tiene un contrato de casi $8,000.00 mensuales. Por último, tenemos a Héctor Pesquera, quien tiene a su cargo la sombrilla de Seguridad y también lo hace por contrato con AFAF, por la cantidad de $248,500.00 anuales, y a estas alturas los detalles del contrato no están claros.

El germen de la opacidad en los procesos, se extiende también a la rama legislativa. Esta mañana nos levantamos con la sorpresa de que el Senado aprobó ayer el P. del S. 353 que permite la venta de nuestros hospitales y abre la puerta a la privatización del Centro Médico, el Centro Cardiovascular y el Centro Comprensivo de Cáncer. Esta medida se aprobó sin una vista pública y sin un estudio del impacto sobre la salud de nuestra gente. ¿Por qué esta medida no fue a vistas públicas? Lo que sí sabemos es que, por esta acción, viviremos en un Puerto Rico más desigual y a merced de los grupos que hacen de la salud un negocio. ¿La salud no debería ser un servicio esencial?

Las decisiones que han tenido que tomar las últimas dos o tres administraciones han sido “difíciles”. Las decisiones que debe tomar la actual administración, serán iguales. Eso no le exime de tener que rendir cuentas a la prensa y a los ciudadanos. Esto sin entrar en detalles de la deseabilidad de auditar la deuda a través de un organismo ciudadano e independiente que esta administración aniquiló y el manejo del presupuesto que a estas alturas nadie ha visto fuera de Fortaleza y la JCF. Por eso la gente se cuestiona que haya dinero para un plebiscito; que ya va por $7 millones y un Plan Tennessee que costea dietas y gastos, pero no hay dinero para las escuelas o para el Centro Médico que ahora aparentemente quieren vender. Así las cosas, el mayor enemigo de la Administración Rosselló, no es la falta de fondos si no su déficit de transparencia.


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