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Plebiscito de embuste

Como dije en mi columna de la semana pasada en la sección de Tribuna Invitada, el proceso plebiscitario en Washington está muerto. Además de los 8 senadores que firmaron la carta oponiéndose al plebiscito, según planteado por el PNP, ya el Departamento de Justicia emitió su opinión de que el plebiscito no cumple con las leyes ni la política pública del gobierno de Estados Unidos. Entre otras cosas, Justicia desmontó el mito del plebiscito del 2012, indicando que los resultados no estaban claros. Esto es lo que para el PNP abría las puertas a la exclusión del status actual de la papeleta de votación en el plebiscito del 11 de junio, y la inclusión de definiciones confusas para el elector. Ambas cosas señaladas por Justicia, obligando las enmiendas a la ley del plebiscito esta semana.

En términos sencillos, el Departamento de Justicia denunció el engaño del PNP y sus intentos de lograr una mayoría artificial en favor de la estadidad en dos procesos plebiscitarios consecutivos, en el 2012 y ahora en el 2017. Esto sin contar con el proceso del 1998, también auspiciado por el PNP, en donde el voto por la columna de “Ninguna de las Anteriores” prevaleció, y el gobierno de Rosselló, padre, certificó la victoria de la estadidad. Un claro intento de engañar al Congreso de Estados Unidos con una certificación falsa de los resultados en donde la estadidad prevalecía por primera vez.

Quizás sea, por esos embelecos y trucos de jugador tramposo que el “Acta de Admisión”, o sea el proyecto de ley que permitiría el inicio del proceso de admisión de Puerto Rico, como un estado de la Unión, presentado por la Comisionada Residente, Jenniffer González, al día de hoy, no tiene un sólo auspiciador en el Congreso. Ningún congresista ha querido con su firma, levantar falsas esperanzas de que dicha solicitud de estadidad será tomada en serio en estos momentos. La estadidad necesita una mayoría contundente en una votación clara y libre de impugnaciones para ser considerada en el Congreso. Con estos inventos no lo van a lograr.

El último engaño de este proceso, es el cuento de que el plebiscito es avalado por el Congreso o que sus resultados serán vinculantes. Esto es falso. Lo único que ha hecho el Congreso, fue separar una asignación de fondos para una campaña de educación objetiva y no partidista, en caso de que se celebrara en Puerto Rico una consulta de status. Este dinero se consignó en el Departamento de Justicia federal, para que certificara que la papeleta y los materiales educativos cumplían con la Constitución y la política pública de los Estados Unidos. Más nada. Con Justicia no se están negociando definiciones. El Congreso no se compromete a actuar sobre el resultado y no hay un plan de acción establecido por ley para responder a los resultados. Sólo existe una asignación de fondos con fines limitados.

Ante esa realidad el PNP se ha quedado solo. Ni tan si quiera el PIP, que siempre le apoyaba y le deba legitimidad en los procesos anteriores, va a participar de este engaño. A todas luces, el PPD tampoco, y bien hecho. No se puede participar de un proceso que pretende burlar al País y que su resultado no tiene consecuencia alguna. Tampoco se justifica el gasto de $5 millones en un plebiscito de embuste.

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